Hasta 225.000 euros de sanción: las empresas españolas en el punto de mira de Trabajo si no cumplen la nueva normativa

Desde el 10 de abril, las empresas con más de 50 empleados en su plantilla están obligados a implementar medidas para alcanzar la igualdad de las personas LGTBI. Una normativa enmarcada en el de 8 de octubre, en el que se desarrollan las medidas para la igualdad y no discriminación.

En ella, se recoge la necesidad de que las empresas incluyan un protocolo frente al acoso y la violencia, que contemple mecanismos de detección y de actuación frente a él. No solo se aplicará a los trabajadores de la compañía, también al personal de puesta a disposición, proveedores, clientes, visitas y a quienes soliciten un puesto de trabajo en la misma.

Sobre las medidas incluidas en el texto, podemos encontrar alguniccwin247.como cláusulas de igualdad de trato y no discriminación, que deberán ser recogidas en los convenios colectivos o acuerdos de empresa. También se recoge el compromiso a erradicar estereotipos en el acceso al empleo de las personas LGTBI, a regular criterios para la clasificación, promoción profesional y ascensos sin discriminación.

Por otra parte, la ley incluye la idea de promover plantillas heterogéneas, de modo que haya entornos laborales diversos, seguros e inclusivos con los que se puedan evitar comportamientos que afecten a los derechos de las personas LGTBI, mediante protocolos frente al acoso y la violencia en el trabajo.

Sanciones para empresas que no adopten medidas oportunas

Trabajo también recordó que se garantizará a todas las personas trabajadoras disfrutar los permisos que establezcan los convenios o acuerdos colectivos para la asistencia a consultas médicas o trámites legales, con especial atención a las personas trans. De este modo, se pasa a la práctica el acuerdo pactado por el Gobierno con los agentes sociales.

A su vez, la ley contempla sanciones para aquellas empresas que no hayan adoptado las medidas necesarias frente a situaciones de acoso por orientación e identidad sexual. La cuantía de las mismas podría alcanzar, en el peor de los escenarios, los 225.000 euros, según recoge el artículo 40 del .

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