Los okupas de la casa se van de vacaciones, el dueño aprovecha para recuperarla pero le sobrevuela una multa seria
Un caso en Francia plantea una problemática legal y moral: ¿prevalece el derecho de propiedad o la estricta protección legal de los ocupantes?
En Carcassonne, al sur de Francia, una propietaria decidió aprovechar que sus okupas no estaban y recuperó su casa. Tras meses de espera, problemas económicos y una creciente desesperación, por fin puso fin a su calvario. Sin embargo, su decisión podría salirle muy cara.
Su nombre es María, una residente del pueblo según varios medios locales, y se enfrenta a hasta siete años de prisión y 100.000 euros de multa. La ley francesa lo estipula así, y es aplicable para quienes lleven a cabo desalojos ilegales, incluso cuando se trate de su propio inmueble. Esta situación está causando debate en Francia, ya que el “libre albedrío” para proceder a recuperar una vivienda ocupada es estrictamente contrario a lo que insta el código jurídico. Algo que en España no es muy diferente.
La vía judicial es la única, y aún tediosa, forma de conseguirlo legalmente
En nuestro país, la tensión entre el derecho de propiedad y la protección legal de los ocupantes se ha convertido en una coyuntura constante. Desde la entrada en vigor de la conocida como ley antiokupas en abril de 2025, el Gobierno ha tratado de agilizar los desalojos y reforzar la protección a los propietarios. Sin embargo, los procedimientos siguen siendo estrictos, ya que la recuperación de una vivienda solo puede producirse por cauces judiciales y nunca de forma unilateral.
El marco legal español establece dos vías principales para recuperar un inmueble ocupado. La primera es la vía civil, a través del denominado “desahucio exprés”. En este caso, el propietario debe presentar una demanda en el Juzgado de Primera Instancia aportando pruebas de propiedad y, si procede, documentos de impagos. Tras la admisión, los ocupantes disponen de cinco días para acreditar un título válido que justifique su presencia; si no lo hacen, se dicta el desalojo. Con la reforma reciente, este procedimiento puede resolverse en semanas, en lugar de prolongarse durante meses como sucedía en el pasado.
La segunda posibilidad es la vía penal, aplicable cuando se trata de un allanamiento de morada o de la usurpación de una vivienda deshabitada. En estos casos, la denuncia puede derivar en un juicio rápido, con una vista celebrada en quince días y sentencia en apenas tres jornadas más. Además, si la ocupación es detectada en sus primeras 48 horas, la Policía Nacional o la Guardia Civil están facultadas para actuar de inmediato sin orden judicial previa. El Ministerio del Interior ha reforzado incluso el uso de la aplicación AlertCops, que permite denunciar ocupaciones en flagrante delito mediante fotos o vídeos, acelerando así la respuesta policial.
Este marco pretende equilibrar los derechos de las partes y evitar abusos, pero en la práctica la balanza está desequilibrada. Según el Portal Estadístico de Criminalidad del Ministerio del Interior, en 2024 se registraron en España más de 16.400 ocupaciones, con Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana a la cabeza.
Cada uno de estos casos implica largos trámites, ansiedad y costes económicos, lo que lleva a muchos dueños a sentir la tentación de actuar por su cuenta. Los expertos advierten, sin embargo, de que esa vía rápida es un error: entrar por la fuerza en la vivienda, cambiar cerraduras o desplazar enseres sin respaldo judicial puede constituir un delito de coacciones o desalojo ilegal. Las penas van desde multas de hasta tres meses, y prisión desde seis meses hasta 4 años dependiendo de la gravedad de la infracción.
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La impaciencia, por comprensible que sea, puede terminar en un proceso penal mucho más costoso que el tiempo de espera. Por tanto, más vale un paso seguro que uno en falso.
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