Portugal avisa a sus conductores: una práctica común en España se multa con hasta 20.000 euros

Tener ubicados los radares y controles aleatorios es algo que a la mayoría de conductores les preocupa. Es por ello que, tanto en España como en Portugal, se lleva popularizando una práctica efectiva para localizar este tipo de procedimientos. Desde aplicaciones móviles hasta grupos de WhatsApp, los usuarios comparten y difunden información sobre los controles de los agentes.

Esto era algo cotidiano y normalizado. La legislatura de tráfico vigente no sanciona aun concretamente este hecho, ya que, por ejemplo, la propia Dirección General de Tráfico (DGT) publica la ubicación de radares fijos y los tramos de carretera donde suele instalarlos. Sin embargo, la cosa cambia cuando se desvelan puntos kilométricos exactos. En este sentido, es la Ley de Seguridad Ciudadana la que entra en escena y sí que puede imponer penalizaciones.

Según la DGT y la Guardia Civil, “revelar esa ubicación facilita que muchos conductores se salten la ley circulando bajo los efectos del alcohol o las drogas, con el coche sin asegurar e, incluso, cometiendo algunos delitos no viarios”. Recientemente, ya se han visto las primeras multas por esta práctica.

Portugal advierte sobre Galicia

Algunos medios de comunicación portugueses han advertido a los conductores lusos sobre casos de multas económicas cuantiosas por revelar este tipo de información por grupos. El caso más reciente ocurrió en Vigo. Según el Diario de Pontevedra, un administrador de uno de estos portales fue amonestado con multas de 1.200 euros por cada control revelado. A su vez, 20 usuarios que reportaron dicha información también fueron penalizados con 600 euros a cada uno.

Y es que en términos estrictamente legales, la Ley de Seguridad Ciudadana sostiene en su artículo 36.23 que se calificará como “infracción grave” el uso de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que puedan poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, la de las instalaciones protegidas o el éxito de una operación.

Esta misma justificación, tal y como informa La Opinión de A Coruña, es a la que recurrió el Sector de Tráfico de Galicia para sancionar a un particular que administraba un grupo de WhatsApp con más de 15.000 personas, y a una empresa que gestionaba una aplicación de este tipo.

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Todo esto vislumbra un futuro penalizador para la difusión de información sobre controles, que en España está empezando a coger forma explícita en la normativa legislativa. Una nueva que países vecinos como Portugal tendrán mucho en cuenta.

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