Se hace 41 transferencias y 50 cheques a su favor, el banco caza el ‘pago’ a Hacienda de 154.000 euros y la Justicia dicta sentencia
La empleada, directora ejecutiva de la empresa, ha sido condenada a dos años de prisión, el pago de una multa y la obligación de devolver el dinero sustraído.
Durante años estuvo sustrayendo dinero de la empresa sin que nadie se diera cuenta. Fueron en total 41 transferencias y 50 cheques al portador, hasta que la empresa se percató de los desajustes económicos y encargó una auditoría que destapó un desfalco de más de 150.000 euros.
Ahora, la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a la mujer dos años de prisión y al pago de una multa después de estafar 154.000 euros a la empresa frutícola de la que era directora financiera. La sentencia afirma que se declara probado que la trabajadora realizó 41 transferencias por valor de 114.774 euros, además de emitirse medio centenar de cheques y pagarés al portador.
Unos hechos que ocurrieron, en el caso de las transferencias, entre junio de 2017 y junio de 2019. La mujer se realizó las transferencias hacia sus cuentas, en las que era titular de forma exclusiva o junto a su esposo, ajeno al fraude. Unos movimientos bancarios que, ante la empresa, aseguraba que eran pagos a la Agencia Tributaria. Respecto a los cheques y pagarés, imitó la firma del administrador entre octubre de 2018 y junio de 2018.
La empresa sospecha y la justicia actúa
Los repetidos movimientos de dinero llevaron al banco a observar posibles irregularidades en las transferencias, por lo que le pidió explicaciones. Ante las dudas, la acusada envió un correo electrónico adjuntando varios modelos de pagos a Hacienda, así como una carta falsa del administrador mercantil en la que daba su visto bueno a las operaciones.
Quien no picó fue la empresa en la que trabajaba, que ya le había llamado la atención por irregularidades en el desempeño de sus funciones. Tras esto, la empleada solicitó la baja voluntaria. Una situación que la empresa aprovechó para, vistos los desajustes económicos y fiscales, encargar una auditoría interna que destapó finalmente lo ocurrido.
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Con la información recabada, el tribunal considera a la encausada como autora de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y delito de estafa agravada. En consecuencia, le impone dos años de prisión, el pago de una multa de 1.620 euros y la obligación de indemnizar a la empresa con la cantidad sustraída, de 154.536 euros y los intereses que correspondan.
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