Se ponen a falsear albaranes, la empresa les caza con 30.000 litros de gasóleo y el Supremo dicta sentencia con pena de cárcel
Dos trabajadores de Meroil, en el puerto de Barcelona, han sido condenados por falsear albaranes y vender por su cuenta la gasolina de la empresa con un fraude de 60 mil euros.
El Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres personas implicadas en un fraude de combustible en la empresa Meroil, ubicada en el puerto de Barcelona. Los condenados son dos trabajadores de la compañía (un gerente y un operario) y el responsable de una empresa de transportes que se beneficiaba de sus acciones.
Según la sentencia, los tres idearon un plan para apropiarse de gasolina de Meroil y venderla por su cuenta. Para ello, apagaban las cámaras de seguridad y permitían la entrada de un camión cisterna, que cargaba hasta 30.000 litros de gasóleo sin autorización. Esta operación se repitió en varias ocasiones.
La empresa reclamó más de 60.000 euros por el combustible robado, impuestos no pagados y sanciones. El caso llegó al Juzgado de lo Penal nº26 de Barcelona, que en enero de 2022 condenó al gerente como autor de varios delitos: hurto continuado, manipulación informática y falsedad documental. La pena impuesta fue de casi cinco años de prisión.
Meroil detectó irregularidades en sus registros y presentó una reclamación por el combustible sustraído, que ascendía a 27.565 euros. A esta cifra se sumaron 21.175 euros correspondientes al impuesto especial de hidrocarburos, una sanción de 10.587 euros y 1.090 euros en intereses, lo que elevó el total del daño económico a más de 60.000 euros.
El caso fue llevado ante el Juzgado de lo Penal nº26 de Barcelona, que en enero de 2022 dictó sentencia condenatoria. Jacinto, el gerente implicado, fue considerado autor de varios delitos: hurto continuado, manipulación informática y falsedad documental. La pena impuesta fue de casi cinco años de prisión. Julio y Moisés también fueron condenados, aunque con penas menores, por su participación activa en el fraude.
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Este caso pone de relieve cómo la vulnerabilidad interna en empresas del sector energético puede ser aprovechada para cometer delitos que afectan no solo a la economía de la compañía, sino también a la confianza en el sistema de distribución de carburantes. Subrayando además la importancia de los controles de seguridad y la trazabilidad en operaciones sensibles como el transporte de combustible.
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