Simula pagar la Seguridad Social a sus 39 empleados, le ‘cazan’ el fraude y todo acaba en 260.000 euros de multa y pena de cárcel
El empresario recogió cuatro contrataciones ficticias para obtener prestaciones por maternidad, jubilación y desempleo.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a un empresario por estafa, falsedad documental y fraude contra la Seguridad Social. En primera instancia, la resolución estuvo en manos de la Audiencia Provincial de Córdoba y ha sido el tribunal el que ha rechazado los recursos de casación solicitados por dos de los investigados.
El empresario y también abogado participó en al menos siete empresas del sector contable, construcción y agrario, con más de 39 trabajadores que recibían su salario sin irregularidades.
Simuló insolvencia
Sin embargo, simuló insolvencia mientras el empresario seguía recibiendo ingresos por la actividad en varias fincas. Por otro lado, entre 2013 y 2016, el empresario reunió más de 84.000 euros en deudas.
Los hechos, ya probados, la sentencia recoge cuatro contrataciones ficticias para acumular más de 74.000 euros por el cobro indebido de prestaciones por desempleo, maternidad e incluso jubilación. Asimismo, una de las personas ya ha fallecido.
La resolución ha dictaminado que el empresario tendrá que pagar una multa cercana a 260.000 euros e indemnizar a la Seguridad Social, el SEPE y el INSS con más de 130.000 euros. Además, cumplirá seis años y dos meses de prisión y no podrá recibir subvenciones públicas en los próximos cinco años.
Pruebas concluyentes
A pesar de las evidencias recogidas por la Audiencia cordobesa, dos de los cuatro investigados solicitaron un recurso de casación ante el Supremo. Pero el tribunal ha considerado que las pruebas son concluyentes y fueron correctamente valoradas, aprobando la sentencia de la Audiencia Provincial.
El segundo de los acusados que recurrió la sentencia vio confirmada su condena por estafa, con una multa de 720 euros. Además, como indicó la primera resolución, tendrá que indemnizar, junto al empresario, al INSS y al SEPE con más de 45.000 euros.
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Las otras dos condenadas, que no recurrieron, deberán abonar 720 euros por fraude de prestaciones. Una de ellas tendrá que indemnizar al SEPE con más de 7.000 euros de forma solidaria junto con el empresario y principal condenado.
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