Un jubilado pierde su pensión por error administrativo, el Supremo actúa y recibe más de 55.000 euros de indemnización por daños
Durante cuatro años, este trabajador estuvo sin ingresos debido a un fallo en su edad de jubilación.
Más de 55.300 euros ha tenido que abonar la Junta de Andalucía a un pensionista afectado por un error en el cálculo de su jubilación anticipada. La situación, que se prolongó desde 2018 hasta 2022, dejó al trabajador sin rentas durante ese periodo, tras perder el acceso tanto a su pensión como a la renta del 78 % de su salario pactada en un acuerdo anterior. El caso ha llegado hasta el Tribunal Supremo, que ha avalado la indemnización y ha librado de toda culpa al jubilado.
El juzgado de lo Social nº3 de Huelva fue el primero en dictar sentencia favorable al trabajador, al considerar que la Junta de Andalucía debía asumir la responsabilidad del error administrativo. La resolución fue clara: “el trabajador no debe pagar las consecuencias de los errores administrativos en la determinación de su edad de jubilación”, dejando claro que la administración tenía la obligación de haber garantizado la renta temporal pactada hasta la edad real de jubilación, incluso si esta no coincidía con la anticipada.
La historia se remonta a 1981, cuando el afectado comenzó su carrera laboral. En 2003 fue incluido en un ERE que permitió a trabajadores en su situación acceder a una renta temporal equivalente al 78 % de su salario, gracias a un seguro colectivo firmado entre el Estado y la Junta de Andalucía. Este acuerdo debía cubrir a los empleados hasta alcanzar la edad ordinaria de retiro. Sin embargo, al solicitar la jubilación anticipada en 2018, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le denegó la solicitud al considerar erróneamente que aún le restaban 1.400 días para poder jubilarse.
Al perder la pensión y la renta acordada, el trabajador presentó una reclamación administrativa, que fue rechazada. Sin ingresos, y tras años sin poder acceder a su jubilación ni recibir compensación alguna, decidió acudir a los tribunales. Fue entonces cuando se determinó que el error procedía de un mal cálculo en su edad de jubilación comunicado por el INSS, que la Junta de Andalucía asumió sin verificar.
Pese al fallo en contra, la Junta recurrió al Tribunal Supremo, alegando que el propio trabajador debía haber advertido antes. Sin embargo, la reclamación presentada ante la Seguridad Social en su momento fue interpretada como prueba de que el afectado sí intentó advertir del problema. Finalmente, el Supremo confirmó la sentencia anterior, condenando a la Junta a pagar 55.300,63 euros más.
Durante los cuatro años sin rentas, el pensionista se vio obligado a depender económicamente de su entorno para sobrevivir. Según expertos en derecho laboral, no se trata de un caso aislado. Hay más trabajadores que han tenido que acudir a los tribunales para que la Seguridad Social reconozca sus errores. La complejidad de los requisitos para la jubilación anticipada, sumada a la falta de claridad en los cálculos del INSS, provoca numerosos fallos que afectan gravemente a los ciudadanos.
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